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De ensayo pionero en la ciudad a conflicto urbanístico. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 ha declarado ilegal la licencia municipal para la construcción del primer ascensor que se levanta en Valladolid separado de la fachada. El elevador, que aún está a medio hacer en el número 11 de la calle Gabilondo, fue la solución adoptada por el Ayuntamiento para resolver el problema de accesibilidad de los vecinos de este inmueble. Se trata de una torre de 17,5 metros de altura que arranca desde la franja de aparcamiento de esta vía y que da acceso a cada una de las cuatro plantas del edificio a través de otras tantas pasarelas. Cuando se dio a conocer esta solución, en julio de 2016, algunos propietarios ya advirtieron de que litigarían contra lo que consideraban una «aberración», según se recogía El Norte cuando informó sobre esta obra.
Pues bien, sin entrar en esas valoraciones estéticas o funcionales, el magistrado entiende que la autorización es contraria a derecho. El primer argumento que esgrime para tumbar el permiso es que la Junta de Gobierno del Consistorio dio luz verde, el 7 de abril de 2016, a una licencia para un proyecto «distinto» al presentado, ya que los vecinos pretendían ubicar la caja del elevador adosada a la fachada y sin pasarelas. Fue en la Concejalía de Urbanismo, que dirige Manuel Saravia, donde se varió el planteamiento ante los informes negativos de Movilidad por la ocupación de la zona peatonal. El juez considera que estos cambios, que se introdujeron a través de un recurso de reposición, tendrían que haber requerido de una nueva tramitación desde el inicio (nueva solicitud incluida) y no recogerlos en la misma licencia que se concedió por razones de economía procesal.
Además, el magistrado considera que el Ayuntamiento incumplió su propia normativa al no haber aprobado un estudio de impacto sobre los tres edificios del tramo de calle –los números 11, 13 y 15– que se deben considerar como un conjunto. Se trata de una intervención de calado que obligaba «a una justificación de su viabilidad ,teniendo en cuenta los condicionantes urbanísticos del entorno y las consecuencias que produce la extensión propuesta a los inmuebles colindantes para los que será vinculante», según recoge la resolución.
Ese informe debería haber sido sometido también a información pública y haber dado trámite de audiencia a los propietarios de los otros edificios. El magistrado también apoya su fallo en que no se ha valorado que la propuesta se integre en la fachada ni en el entorno inmediato. «Se limitan a señalar que la solución propuesta garantiza la funcionalidad del espacio público. La valoración es necesaria e imprescindible, dado que una solución, aunque sea viable y aunque se pueda instalar ocupando el dominio público, puede no ser autorizada por su no adecuación al entorno y a la fachada del inmueble», estima el juez.
La sentencia llama la atención también sobre la falta de autorización en este caso para ocupar el dominio público, «que tiene que ser previa a la concesión de la licencia». Añade que esa ocupación tiene un coste, «que tampoco se observa que se haya tenido en cuenta para decidir la viabilidad de la opción elegida».
El juez rechaza la pretensión de los demandantes para que el ascensor se ubique por el interior del inmueble al entender éstos que la ocupación del espacio público es siempre excepcional y residual respecto de otras alternativas. El titular de lo Contencioso-Administrativo número 4 señala que esa opción obligaría a expropiar superficie privativa de las viviendas –2,88 metros cuadrados de cada una de ellas– y recalca que solo se puede adoptar cuando sea «la única opción posible». En este caso no lo era, porque se llegó a plantear, incluso, la posibilidad de ocupar parte del suelo de la Estación de Autobuses para instalar la caja. No había acuerdo para el procedimiento expropiatorio en la comunidad, había otras opciones y además si se hubiera restado superficie a los pisos, se hubiera contravenido el PGOU. La sentencia, del pasado 20 de marzo y que condena en costas al Ayuntamiento de Valladolid, ya ha sido recurrida por los demandantes con el objetivo del TSJ se pronuncie sobre este aspecto. Insisten en que la mejor solución es construir el ascensor en el interior del edificio.
El concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, avanzó ayer que su departamento ya ha iniciado un expediente para corregir la situación, al tiempo que defendió la solución planeada en su área, que se aplica «en muchas otras ciudades». «No se ha improvisado, el proceso llevó más de un año y decenas de estudios y los problemas que se plantean son de tramitación», señaló el concejal, partidario de que la accesibilidad se prime sobre otros aspectos. A su juicio, se ha optado por una buena alternativa en este caso, después de que el Gabinete municipal de Movilidad rechazara situar la caja del ascensor en la acera y adosada a la fachada del inmueble.
El portavoz del PP, Jesús Enríquez, que ha preguntado sobre este contencioso en varias comisiones, lamentó que el equipo de gobierno no les haya escuchado. «Solicitamos hace meses la suspensión de las obras ante las dudas de legalidad que presentaba la licencia, lo hicimos por un elemental sentido de la prudencia para evitar perjuicios a los vecinos y posibles responsabilidades para el Ayuntamiento», afirmó. Para Enríquez la «obstinación» de Urbanismo ha conducido a una situación «indeseable»:«Los vecinos se quedan con un ascensor a medio hacer, con la fachada de su edificio abierta y sin saber si podrán legalizarlo», lamentó el popular, quien criticó el «impacto negativo» en el entorno que genera la torre.
Fuentes de la comunidad de propietarios avanzaron que ya se han opuesto en el TSJ al recurso de los demandantes, que, según recalcan, «actúan únicamente por una cuestión económica». Según argumentan, los propietarios de los locales no quieren asumir la parte de la derrama que les corresponde por la instalación.
Desde la administración de la comunidad subrayan la necesidad imperiosa de los residentes, la mayor parte de ellos de avanzada edad, de contar con un ascensor para poder salir de casa y recordaron que la expropiación es inviable en las viviendas del bloque, porque hay otras opciones, como la planteada por la Concejalía de Urbanismo, que soluciona el problema sin restar una superficie a las viviendas de la que los residentes no pueden prescindir. De momento, siguen adelante con la obra al no haber sentencia firme.
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