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Lesmes tira la toalla y abandona el cargo este lunes
En la puerta. Pilar Durán, junto al nuevo ascensor. / J. M. R.
Todavía no tiene ascensor exterior el bloque de Joaquín Sánchez Valverde. La obra se paró en agosto y hasta esta semana no han vuelto las albañiles. Pilar Durán espera estrenarlo pronto, pero para ella llega tarde.
Fue una de las promotoras. Sus padres han vivido en el edificio desde que lo levantó la Diputación de Badajoz hace casi cincuenta años. Construyó viviendas frente al centro de salud de la Zona Sur para trabajadores del antiguo psiquiátrico, entonces en manos de la institución pública provincial.
Bloques de ocho viviendas a los que todos en el barrio llaman «los pisos de Diputación», ocupados la mayoría por sus propietarios originales. Recuerda Pilar los problemas de su padre conviviendo con una patología cardíaca en este bloque antiguo. Había que ayudarlo entre dos a subir las escaleras. Solo al primero había veitiún escalones. Vivía en el tercero y al final dejó de salir de casa. Por eso pensaron en instalar un ascensor en el bloque por la calle. «Todos veían que lo necesitaban y para nosotros era una forma de que pudiera estar un poco en la calle y no se encerrara para siempre».
Al final del 2018 propusieron a los otro siete propietarios ponerse con la obra. Siguiendo el modelo de los que ya funcionaban en la Vía Ensanche, frente a Los Columbarios. En otras ciudades también se habían extendido y en Joaquín Sánchez vieron una alternativa. Lo aprobaron en comunidad y arrancaron con los trámites previos. Pidieron los permisos al Ayuntamiento para ocupar parte de la acera y solicitaron las subvenciones de la Junta de Extremadura para estas mejoras de accesibilidad. Luego compararon presupuestos de varias empresas instaladoras y el diecinueve de abril de 2019 firmaron el contrato con la compañía que eligieron.
Los residentes se comprometieron a pagar 196.000 euros por la obra y la empresa a ponerlo en funcionamiento en seis meses.
Y aquí arrancan los problemas. Ese plazo nunca se cumplió. La previsión de Pilar era poder sacar a su padre a la calle a finales de 2019 o principios de 2020 como muy tarde. Nunca lo pudo hacer. Las obras se retrasaron, después llegó pandemia y el padre de Pilar falleció el veintinueve de enero del año pasado. Cuando aún todo estaba a medio hacer. «Se pasó casi dos años sin ver la calle». Otro propietario con problemas de movilidad murió en octubre del 2020. «Cuando resolvimos todos los trámites teníamos todos mucha ilusión».
De ahí el sabor agridulce que dice sentir ahora que se acerca el final. Por un lado, confiesa, algo de alivio. El elevador es muy necesario para todos. Pero por otro un regusto amargo. «Llega tarde, muy tarde, porque los dos años que se pasó mi padre sin ver la calle no se me olvidan». En medio, una complicada relación con la otra parte.
Desde el momento en que firmaron el contrato todos los vecinos han ido pagando los doscientos euros al mes comprometidos.
Los planes pasaban por no pagar la cuota íntegra durante mucho tiempo porque el Sepad aprobó la subvención de su bloque y cuando terminase la instalación podrían ahorrarse parte con la ayuda pública. Pero al no finalizarse, no pueden recibir la subvención y tienen que pagarla íntegramente. Habla Pilar de un trastorno económico considerable. Los abonados son pensionistas con capacidad para hacer el esfuerzo de doscientos euros al mes durante un tiempo, pero acumulan ya casi dos años con la cuota íntegra.
De momento, no tiene fecha concreta de finalización. Y tras varias promesas incumplidas, los propietarios ya no se creen ningún plazo. Aunque saben que solo quedan los últimos remates. Los albañiles dieron la última desbandada en agosto. Se fueron con todo a medias y no han vuelto hasta esta semana. Esperan que ahora sea la definitiva y no abandonen otra vez sin rematar. Se han pasado el otoño convocándolos a reuniones con la comunidad para que explicaran los planes. Pero siempre argumentaban al administrador de la comunidad que los problemas derivados por la pandemia han retrasado todos los plazos. Las explicaciones no les convence. Les parece más una excusa que una razón real. El contrato lo firmaron en abril del 19, muchos meses antes de que se desencadenara la alerta sanitaria. Y luego, durante la pandemia, la construcción fue uno de los sectores que menos tiempo paró. Por eso Pilar sigue reclamando información a la otra parte. «Lo hago por mi padre, porque quiero saber si los dos años que estuvo sin salir de casa se pudieron evitar si se hubiera hecho las cosas de otro modo». Sigue esperando respuestas. El plazo de seis meses nunca se cumplió.