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Una vecina del bloque de Sants donde han conseguido instalar un ascensor tras tres años de esfuerzos y trámites. / Laura Guerrero
Especialista en Economía local, comercio, turismo, vivienda, ocio, gastronomía y tendencias urbanas.
En pleno siglo XXI, vivir en un piso a una altura media o alta sin ascensor en Barcelona sigue determinando, más allá del confort, el arraigo de un vecindario. Se convertirá en una trampa que lastrará la libertad de movimientos de quienes envejecen, tienen un hijo o hasta se rompen una pierna en un momento dado, hasta el punto de forzar un cambio de domicilio. En las dos últimas décadas, la ciudad ha avanzado decididamente hacia algo tan básico como la accesibilidad en la propia residencia, pero en la actualidad aún suma unas 17.700 fincas de más de cuatro plantas sin elevador (un 23% del total, según una estimación actualizada por este diario a partir de los últimos datos oficiales del 2017), de las que en torno a una cuarta parte podrían encajarlo fácilmente si superasen los acuerdos vecinales y los requisitos administrativos previos. Para acelerar ese proceso que cambia la calidad de vida de los barceloneses, el ayuntamiento otorgó en 2020 ayudas para la instalación de 101, que beneficiaron a 3.300 vecinos, con una inversión de 2,6 millones. Este año prepara una nueva campaña, que suele abarcar del 25 al 50% del gasto necesario.
Algo tan simple como un cubículo de metal que transporta de la planta de calle a la vivienda particular determina la estabilidad de muchos residentes en una finca y barrio, por no hablar del precio de venta o alquiler. Un piso alto sin ascensor acaba limitado a los más jóvenes y acelera la rotación vecinal, señalan fuentes del sector inmobiliario. “Acaban siendo viviendas de paso, hasta que el residente se cansa de las incomodidades o se hace mayor”, añaden. Un gran porcentaje de compradores descarta hogares sin ese requisito.
Con el paso de los años, la radiografía ha evolucionado de forma dispar en cada distrito, en función de la antigüedad de los edificios y su estructura, o de lo jóvenes que sean determinados barrios. Los cascos antiguos suelen contar con más edificios estrechos o con difícil encaje de un ascensor, algo especialmente común en Ciutat Vella, a la cabeza en vecinos que suben a sus hogares a pie, en más de 3.500 fincas de al menos cuatro plantas. Le siguen Horta-Guinardó, con algo menos de 2.500, y Sants-Montjuïc, con 2.300, ligeramente por delante de Gràcia. En el otro extremo de la lista, Les Corts apenas tiene 300 edificios sin.
A medida que se completan los procesos más sencillos de implantación, la cuota de instalaciones se ha ido ralentizando en los últimos años. Por ejemplo, en 2016 se solicitaron 246 licencias, que en los siguientes ejercicios fueron 209, 200, 174 y solo 67 en el año de la pandemia, sumando casi un millar en el quinquenio. Hasta marzo de 2021 se han registrado una treintena, aunque posiblemente la cifra levante el vuelo cuando se establezcan las nuevas subvenciones. Fuentes municipales enfatizan que las ayudas del Consorci de l’Habitatge de Barcelona se nutren sobre todo del ayuntamiento (75% del presupuesto anual) y la Generalitat (25%), pese a que la representación de esta última es mayor en el consorcio (60%).
Un vecino muestra el hueco de escalera donde intentan desde hace años instalar un ascensor, en el Eixample.
La colocación final de un elevador en un edificio va precedida de un acuerdo vecinal, un proyecto técnico y la necesaria licencia de obras previa a la subvención. El consistorio brinda apoyo administrativo y llega a mediar en casos difíciles. El proceso viene a ser un parto que suele durar años, sobre todo si va precedido de algún desencuentro entre los residentes, que se suele dar cuando en planta baja hay algún local que debe perder algo de espacio para dar acceso al ascensor a nivel de calle, y cuyo titular rechaza su colocación.
El esfuerzo municipal, dentro de su programa de rehabilitación de vivienda, ha permitido en el último lustro la instalación en la ciudad de 759 ascensores que han beneficiado a 9.705 viviendas y mejorado notablemente la vida de 24.000 personas, con una inversión total en este sentido de 26,75 millones de euros. Incluso en el apático año del estallido del coronavirus, la instalación mejoró el confort de los moradores de 1.352.
A lo largo de los últimos cinco años, el distrito con más solicitudes de licencia ha sido Horta-Guinardó (146), seguido del Eixample (140), Ciutat Vella (113) y Nou Barris (108).
Aumentando el foco al conjunto de Catalunya, el Gremi Empresarial d'Ascensors de Catalunya destaca que a lo largo del territorio hay ya 202.000 instalados, de los que la provincia de Barcelona, por su estructura de ciudades grandes y densas, suma casi 149.500. Añaden que el 2020, pese a la parálisis de meses, se saldó con 2.017 instalaciones en dicha zona. La patronal explica que el sector vive una importante evolución en cuanto a mejoras de ahorro energético, con instalaciones más eficientes y confortables para el usuario, y disminución de residuos contaminantes. Los nuevos sistemas de tracción permiten consumir hasta un 70% menos de energía que un ascensor hidráulico, por ejemplo. Otro tanto sucede con la iluminación LED que han ido adoptando y con los mecanismos de control del ascensor en reposo, sin apenas consumos.
En una finca de la calle de Carreras Candi, en Sants, desde hace más de un año hay trajín de reformas. Pisos que se renuevan porque sus propietarios saben que podrán residir largos años en el edificio. Pero el detonante no ha sido la pandemia, sino el subidón (valga la redundancia) de contar con un flamante ascensor que ha puesto fin a años de reivindicaciones vecinales para acabar con la escalada continua que dibujaban los escalones de sus cinco plantas.
La historia de esta escalera se inició en febrero del 2016, cuando la comunidad movió su primera ficha para luchar por un ascensor en esa finca de 1957. Pocos después, en mayo relatan, les llegó el revulsivo final de la mano de El Periódico: un artículo donde se hacía balance de la instalación de elevadores en la ciudad, se hablaba de las nuevas ayudas y de cómo este mecanismo, cada vez más versátil y ajustable a espacios casi imposibles, estaba cambiando la vida de muchos barceloneses en fincas antiguas.
Lo que vendría después no fue fácil, porque pasaba por alcanzar un acuerdo con el propietario del bajos, al que había que afectar unos 4 metros cuadrados. "Tuvimos que pasar por muchos burofax, un informe pericial de cada parte, dos demandas cruzadas, multitud de juntas extraordinarias y dos abogadas haciendo de mediadoras judiciales", recuerda Fiona Bretcha, una de las vecinas. Sin embargo, acabaron negociando directamente con la parte contraria justo antes del juicio. En estos casos, la compra implicaría pasar por notaría, registro, redistribución de coeficientes..., así que se logró una fórmula más sencilla y no siempre posible, como es la cesión en concepto de servidumbre. La pretensión económica inicial del afectado resultaba inviable para los vecinos, que por fin pactaron una compensación de 15.000 euros por esos metros.
Tras más de dos años de papeleo y estudios técnicos, llegó ese acuerdo que les permitió abordar la parte administrativa a principios de 2019, cuando presentaron el proyecto al ayuntamiento, para iniciar las obras de instalación en junio de ese año y poder optar a las imprescindibles (para muchos) subvenciones del consorcio. El estreno del ascensor, ese otoño, vino a ser como viajar a la Luna para los residentes. Emoción y alegría a partes iguales, porque además el moderno cubículo fomentaba más el apego a cada uno de los 10 hogares. Hacer la compra o volver de vacaciones había dejado de ser cuestión de fuerza, voluntad y algo de épica.
En 2019, Fiona envió una carta a este diario agradeciendo aquella información que tanto les "alentó" y tuvieron colgada en el vestíbulo de la finca hasta que el aparato fue una realidad. Un año y medio después, afirma: "A nosotros trambién nos ha cambiado la vida", y agrega que tres viviendas ya se han rehabilitado ante la certeza de sus moradores de poder envejecer en la finca. Otro "efecto secundario" son las visitas de personas mayores que vienen a ver a sus hijos y nietos y antes no podían hacerlo.
En el Eixample, otra comunidad vive esa misma espera, hace varios años. La finca regia cuenta con cinco plantas que se han convertido en una dura barrera arquitectónica para buena parte de los vecinos. El ansiado ascensor y su acceso a ras de calle precisan de unos 10 metros cuadrados del local de los bajos, destinado a oficinas y almacén, propiedad de un hotel. La oferta vecinal y la de la empresa están a años luz, al valorar de forma distinta la afectación. Con el proyecto pendiente del inminente visado del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, detalla su arquitecto, la comunidad espera un acuerdo que evite una pugna judicial.
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